Un reclamo por despido sin causa no se verifica multiplicando el último sueldo neto por los años trabajados. La liquidación reúne conceptos con reglas diferentes y puede contener discrepancias de antigüedad, remuneración o pagos. Para el empleador, la revisión debe identificar qué obligación corresponde y qué parte de la pretensión excede lo debido, sin negar rubros válidos por el solo hecho de que se reclama más.
La indemnización por antigüedad no es toda la liquidación
El artículo 245 de la LCT regula la indemnización por antigüedad para los supuestos comprendidos. Preaviso, integración, salarios pendientes y otros conceptos se analizan con sus propias normas. Una diferencia en la base del artículo 245 no autoriza a reducir automáticamente todos los demás rubros con el mismo criterio. Cada cálculo debe responder a su fundamento y a la modalidad concreta de extinción.
También importa si existe un régimen especial o convencional aplicable. La regla general de un mes por año o fracción mayor de tres meses no debe utilizarse sin verificar el encuadre. La fecha de ruptura es relevante para analizar las reformas y su aplicación temporal. Una liquidación confeccionada para un caso anterior puede ser una referencia documental, pero no una fórmula jurídicamente trasladable sin revisión.
La remuneración computable puede ser el principal desacuerdo
El texto reformado del artículo 245 distingue mensualidad, habitualidad y tratamiento de conceptos variables. Un bono no mensual no se examina igual que comisiones mensuales; tampoco el monto neto depositado equivale a la remuneración legalmente computable. El abogado debe relacionar la naturaleza del concepto con los períodos relevantes, en lugar de aceptar su denominación contable como única explicación.
Los topes y sus límites también deben verificarse con el convenio correspondiente. No es adecuado aplicar el tope de otra actividad porque produce una suma menor. La evaluación puede revelar tanto una sobreestimación del reclamo como un error en la liquidación empresarial. Reconocer este último permite decidir cómo atenderlo y discutir el resto sin sostener una cuenta que la documentación desmiente.
Los pagos previos necesitan una imputación verificable
Una transferencia demuestra movimiento de fondos, pero debe analizarse qué obligación pretendió cancelar y cómo se documentó. Si el trabajador reclama diferencias, puede ser necesario separar lo percibido de lo que afirma pendiente. El artículo 260 contempla efectos de los pagos insuficientes; por eso no debe suponerse que cualquier recibo firmado impide toda discusión posterior sobre una diferencia realmente debida.
El estudio revisa reclamos de empleadores en CABA comparando la liquidación y sus fundamentos con los antecedentes del vínculo. Esa evaluación sirve para responder una intimación, negociar en SECLO o sostener una defensa judicial. No tiene como objetivo encontrar un descuento a cualquier costo, sino determinar qué monto puede justificarse y qué riesgo permanece antes de comprometer una posición o celebrar un acuerdo.
Preguntas frecuentes
No necesariamente. Deben examinarse su contenido, los pagos y el régimen jurídico aplicable. Puede acreditar una cancelación concreta sin impedir diferencias que resulten procedentes. También deben distinguirse un recibo, un acuerdo formal y una homologación: no producen idénticos efectos por llevar una firma.
El artículo 245 contempla también la fracción mayor de tres meses en su supuesto general. Pero primero deben establecerse ingreso, extinción y períodos computables. Una discrepancia sobre esas fechas puede cambiar el resultado y requiere análisis jurídico antes de aceptar el número de años utilizado por cualquiera de las partes.
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