La regla es la capacidad; la restricción es excepcional
El régimen actual parte de un principio central: la capacidad general de ejercicio de una persona se presume. Una enfermedad, una discapacidad, una internación o un diagnóstico médico no producen por sí solos una declaración de incapacidad.
El Código Civil y Comercial establece que las restricciones son excepcionales, deben imponerse en beneficio de la persona y procurar la menor afectación posible de su autonomía. Por eso, el proceso no debería plantearse como una forma de “quitarle todos sus derechos”, sino como una herramienta para determinar en qué actos concretos puede necesitar asistencia o representación.
¿Cuándo puede restringirse la capacidad?
El artículo 32 permite restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, cuando el ejercicio de su plena capacidad puede generar un daño a su persona o a sus bienes.
La clave es la combinación entre la situación de la persona y el riesgo concreto. No alcanza con mencionar un diagnóstico: debe analizarse cómo impacta en decisiones determinadas y qué apoyos pueden reducir ese riesgo sin reemplazar innecesariamente su voluntad.
Qué es un sistema de apoyo
Un apoyo es una medida judicial o extrajudicial destinada a facilitar que una persona pueda tomar decisiones, administrar sus bienes, celebrar actos jurídicos y ejercer sus derechos. Su función es promover autonomía, comunicación, comprensión y manifestación de voluntad.
La persona puede proponer a alguien de su confianza. El juez debe evaluar el alcance de esa designación, evitar conflictos de intereses o influencia indebida y establecer con precisión cómo funcionará el apoyo.
¿Apoyo significa que otra persona decide por ella?
No necesariamente. El sistema puede diseñarse de distintas maneras según los actos involucrados. En algunos supuestos la persona conserva la decisión y necesita asistencia para comprender o formalizarla; en otros, la sentencia puede establecer condiciones específicas de validez o representación.
Por eso es importante leer la sentencia concreta: una restricción para determinados actos patrimoniales no habilita automáticamente al apoyo a decidir sobre salud, vivienda, relaciones personales o cualquier otra cuestión no incluida.
La incapacidad y la curatela quedan para supuestos excepcionales
El Código reserva la declaración de incapacidad para una situación mucho más extrema: cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier medio adecuado, y el sistema de apoyos resulta ineficaz. En ese supuesto excepcional puede designarse un curador.
Por eso, hablar genéricamente de “curatela” para cualquier problema de salud mental puede llevar a una idea equivocada. El modelo vigente prioriza restricciones específicas y apoyos antes que una sustitución general de la voluntad.
La persona participa en su propio proceso
La persona en cuyo interés se tramita el expediente es parte. Tiene derecho a asistencia letrada, a aportar prueba, a recibir información de manera comprensible y a ser entrevistada personalmente por el juez. El Código exige además intervención interdisciplinaria.
Esto es importante: el familiar que inicia el proceso no “representa” automáticamente a la persona cuya capacidad se discute. Son posiciones procesales distintas y deben respetarse las garantías de defensa y participación.
Qué debe establecer la sentencia
La sentencia no debería limitarse a una fórmula general. Debe precisar qué actos quedan restringidos, qué apoyos o curadores intervienen, con qué funciones y bajo qué modalidad. También debe procurar que la afectación de la autonomía sea la menor posible.
Luego se inscribe en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas cuando corresponde, de modo que sus efectos frente a terceros puedan operar conforme a la ley.
La sentencia no es necesariamente definitiva para siempre
El régimen contempla revisión. La persona interesada puede pedirla en cualquier momento y, en los supuestos de restricción previstos por el artículo 32, el juez debe revisar la sentencia dentro de un plazo no superior a tres años, con nuevos dictámenes interdisciplinarios y audiencia personal.
Restricción de capacidad no es lo mismo que internación
Son institutos diferentes. Una persona puede tener capacidad restringida y no estar internada, o atravesar una internación sin que exista sentencia de restricción de capacidad. La internación involuntaria tiene requisitos propios y un estándar específico de riesgo y control judicial.
Cuándo puede ser útil iniciar el proceso
Puede ser necesario cuando existen dificultades graves y persistentes para administrar dinero, celebrar contratos, manejar bienes, comprender decisiones complejas o proteger a la persona frente a maniobras de terceros, siempre que esas dificultades encuadren en los presupuestos legales y no puedan resolverse adecuadamente con alternativas menos restrictivas.
¿Necesitás analizar un proceso de restricción de capacidad?
Podemos revisar la situación familiar, la documentación médica, los actos que generan riesgo y qué sistema de apoyos podría ser adecuado en CABA.
Consultar por WhatsApp- Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 31 a 43.
- Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Título II, arts. 624 y siguientes, en cuanto resulte aplicable.